Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina
Asociación por los Derechos Civiles
Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta
OPEN SOCIETY INSTITUTE NEW YORK
Este sistema de asignación de la publicidad oficial en parte resulta posible porque los funcionarios locales pasan por alto los procesos licitatorios y hacen las contrataciones directamente con los periodistas de su preferencia, lo cual es ilegal, porque no cumplen el requisito de ser publicados en Internet que marca la ley, y ello hace que el acceso a la información y el control ciudadano sean más difíciles.
En Colombia, los canales de TV, las radios y los periódicos utilizan un sistema de “cupos” por el cual pagan salarios mínimos (o directamente ninguno) y remuneran a los periodistas con minutos de aire o espacio en los medios gráficos que estos entonces pueden vender personalmente a los avisadores132 (algunos periodistas de radio y TV alquilan su espacio de aire
en radios y canales, y lo financian vendiendo publicidad a organismos gubernamentales y empresas privadas).
Mabel Morales es graduada de la Universidad Autónoma del Caribe y se ha desempeñado como directora de noticias de Radio RCN de Barranquilla durante los últimos 21 años.
“Hoy en día tengo un sueldo (…) que me alcanza para los chicles. La otra parte me la completan con cupos publicitarios que yo tengo que vender. Siempre ha sido así, desde que empecé en la radio”.
Cuatro funcionarios de la zona atlántica nos aseguraron que uno de los primeros criterios que tienen en cuenta al asignar contratos publicitarios es el nivel de audiencia, que obtienen de los medios locales134. No obstante, doce periodistas de la región de la Costa Atlántica y seis del departamento del Cauca afirmaron que los contratos por publicidad oficial se les otorgan con más frecuencia a aquellos que brindan coberturas periodísticas favorables al gobierno, en detrimento de quienes ejercen su oficio con independencia editorial.
Un periodista y ex funcionario del departamento de Bolívar, en la región del Caribe, nos expresó que “si tú sacas una información que no le gustó al secretario tal, te quitan la pauta de tu programa”136. Por ejemplo, el periodista de radio y TV Jairo Baena nos relató que la empresa semi-estatal de aguas en Cartagena le retiró la pauta oficial a raíz de sus coberturas críticas.
“Hace tres años que estoy vetado en Aguas de Cartagena, porque publiqué los sueldos de los altos ejecutivos”. Luego de esa publicación, Baena fue a la empresa a ver el estado de su cuenta por venta de espacios de publicidad, y la persona encargada del área de Comunicaciones le manifestó que no le pagarían los espacios que le adeudaban.
Edinson Lucio Torres es director del programa de noticias Vox Populi, en Radio Vigía, una emisora local de Cartagena, que cuenta con un segmento dedicado a recibir llamados de los oyentes, en el que los ciudadanos expresan sus preocupaciones y opiniones. Torres nos comentó que Aguas de Cartagena retiró y nunca reanudó la publicidad en su programa a mediados de 2005, en respuesta a los informes que se emitieron sobre la pérdida de hogares de los residentes de la zona provocada por la construcción de un acueducto local139. Aguas de Cartagena se negó a brindarnos la información que le requerimos acerca de su gasto publicitario, argumentando que por tratarse de un grupo privado no está obligado por las normas de acceso a la información.
Marco Aurelio Gaviria, jefe de prensa de la ciudad de Popayán, explicó que el alcalde asignaba la publicidad oficial basándose en los contenidos periodísticos. “El alcalde dice directamente ‘ayudemos a fulano, ¿este programa qué tal es, cómo trata la noticia?’; o ‘este estuvo siempre difundiendo nuestras noticias’. Cuando lo consultamos acerca de esta cuestión, el alcalde Víctor Ramírez Fajardo afirmó que los escasos fondos municipales destinados a publicidad se asignan siguiendo criterios “implementados bajo los lineamientos de la objetividad y la igualdad”. Tales criterios se refieren a “la cobertura del medio en el caso de la radio y la televisión, penetración y lecturabilidad para el caso de prensa escrita, frecuencia de emisión, área de influencia, seriedad y cumplimiento”.
No obstante, el alcalde no negó las afirmaciones de su jefe de prensa.
Dado que en muchas localidades la pauta publicitaria del sector privado es mínima, los periodistas dependen de la publicidad oficial para un 50 o 60% de los cupos publicitarios.
“No podría vender todos mis cupos al sector privado porque tengo un noticiero y el sector privado prefiere las emisoras musicales; también, porque no tengo tiempo de salir a vender a las empresas; tengo un noticiero que dirigir”, expresó el director de noticias de una cadena radial de Cartagena144. Además, los organismos públicos pagan tarifas más elevadas que las empresas privadas. Según el periodista Fernando Carvajal Díaz, de Radio 1040, de Popayán:
Los noticieros viven en su alta mayoría de la publicidad oficial. Al primero que le ofrecen la publicidad es al alcalde y al gobernador, a las entidades oficiales. Empezando porque son las que más pagan. Los cupos del comercio son muy baratos. De acuerdo con el periodista radial Carlos Ardila, quien también trabaja como consultor de políticas públicas: Si yo no tuviera otros ingresos [más allá de los avisos del sector privado] claro que debería cerrar mi programa. [En Cartagena] la mayor parte de la pauta es oficial; si alguien se toma el trabajo de vetar a un periodista –en la adjudicación de fondos por
pauta publicitaria– sin duda alguna pudiera ser que se le cierre el espacio146.
Los periodistas de estas regiones generalmente se acercan al jefe de prensa o director de comunicaciones del gobierno municipal o departamental y, según los funcionarios, las decisiones a veces son tomadas directamente por el gobernador o el alcalde147. El periodista Noel Campos Muñoz, de Radio 1040 de Popayán, nos explica lo informales que pueden llegar a ser los procesos de contratación:
Nosotros [negociamos] directamente con ellos [los funcionarios]. Nos llaman y nos dicen: “queremos pautar en su programa y los esperamos por acá”. Nosotros inmediatamente vamos, negociamos la pauta e ipso facto está al aire. Inicialmente se hace el contrato en forma verbal, pero luego se formaliza en forma escrita para garantizar que nosotros les cumplamos con el servicio, y ellos nos paguen.
Para evitar tener que negociar directamente con los funcionarios, los periodistas de Cartagena y Barranquilla formaron dos cooperativas que representan a sus miembros en las negociaciones con el sector público. Estas asociaciones, que incluyen a varios periodistas con cupos publicitarios para vender, presentan propuestas a los organismos de gobierno. Una vez que el contrato está firmado, la cooperativa distribuye la publicidad a ejecutar y el correspondiente pago. Este mecanismo sólo abarca, sin embargo, un porcentaje pequeño de los contratos publicitarios celebrados por los periodistas en esas regiones. Si bien a través de ellos se evitan las negociaciones directas entre los periodistas y los funcionarios, no impiden la discrecionalidad en la decisión.
El 90% de los contratos publicitarios del gobierno de Cartagena en 2005 y 2006 fueron entablados directamente con los periodistas; la cifra alcanzó el 83% para la ciudad de Barranquilla, 71% para el departamento de Bolívar y 44% para el departamento del Atlántico. La periodista Alexandra de la Hoz, por ejemplo, firma sus artículos en el periódico La Libertad, de Barranquilla, como redactora de asuntos de gobierno. En 2006, recibió personalmente 17
millones de pesos (aproximadamente USD 6.700)149 en concepto de publicidad oficial de la Gobernación del Atlántico, así como otros 40 millones de pesos (aproximadamente USD 20 mil) abonados a una empresa de la cual ella es la única titular.
Este sistema de asignación de la publicidad oficial en parte resulta posible porque los funcionarios locales pasan por alto los procesos licitatorios y hacen las contrataciones directamente con los periodistas de su preferencia, lo cual es ilegal, porque no cumplen el requisito de ser publicados en Internet que marca la ley, y ello hace que el acceso a la información y el control ciudadano sean más difíciles.
